El presidente Alberto Fernández anunció el 8 de junio por la tarde que el gobierno intervendrá y expropiará al gigante agrícola en quiebra Vicentin. El presidente expresó que la medida para salvar al gigante de la agroexportación en quiebra estuvo motivada principalmente por el deseo de salvar empleos: «Vamos a rescatar a Vicentín y defender a sus 2.600 trabajadores», y agregó: «Alrededor de 2.600 productores locales aún pueden cuente con una compañía que pueda comercializar su producción».
El gobierno tomará el control de Vicentin durante los próximos 60 días, ya que busca la aprobación del Congreso para expropiar la potencia agrícola, que se declaró en bancarrota el año pasado después de verse atrapada en los cambios de divisas. El destino de Vicentin ha estado estrechamente vinculado a la política. La compañía se expandió bajo la presidencia de Mauricio Macri, favorable al mercado, y luego cayó en desorden cuando Fernández surgió como su probable reemplazo.
Vicentin es una empresa familiar con 90 años en el negocio, que comenzó a sufrir serios conflictos financieros en 2019 y el año pasado dejó de pagar una deuda de alrededor de $ 1.5 mil millones. Un tribunal en la provincia de Santa Fe, donde la empresa tiene su sede, ha estado supervisando una bancarrota en un procedimiento similar al Capítulo 11 en los Estados Unidos. Una gran parte de la deuda de Vicentin se debe al Banco Nación. Pero el plan de expropiación todavía fue una sorpresa para los ejecutivos de la compañía, quienes han estado en conversaciones con el actual socio Glencore Plc y otras compañías, dijo un portavoz. Glencore, con sede en Suiza, tiene una empresa conjunta con Vicentin llamada Renova, que incluye una de las plantas de trituración de soja más grandes del mundo con 20,000 tm de capacidad de trituración diaria. No obstante, Fernández dijo que era demasiado pronto para decir cómo funcionaría una nueva asociación estatal con Glencore. Gabriel Delgado, quien era secretario de agricultura bajo el mandato de Kirchner, liderará la intervención del gobierno de Vicentin. Los activos se depositarán en un fideicomiso para ser administrado por el departamento de agricultura de la estatal YPF SA.
Este anuncio sorprende y plantea nuevamente otra pregunta: ¿Quién exactamente gobierna en Argentina? Fernández, que está lejos de ser un vendedor libre pero visto como moderado, o su suplente, Kirchner, un testaferro para los fervientes partidarios del izquierdismo y nacionalismo latinoamericano.
La medida llega en un contexto delicado para Argentina, que está negociando una reestructuración de $ 65 mil millones en deuda externa. También revive recuerdos de la nacionalización en 2012 de YPF y otras compañías durante la presidencia de Kirchner, y plantea preguntas sobre cómo Argentina atraerá las inversiones del sector privado para levantar su economía del suelo. También vale la pena recordar que la Sra. Kirchner nunca olvidó la huelga de agricultores argentinos en 2008 por gravámenes a las exportaciones que casi la obligaron a renunciar, y también recuerda que muchos agricultores (los que podrían) preferirían conservar sus cultivos, hasta que pudieran tener acceso a un mercado de divisas más transparente para el dólar estadounidense. Para tener en cuenta …